Informe

   Dos de los catorce imputados por los crímenes cometidos en lo que se denominó el circuito represivo Mar del Plata–Necochea, fueron absueltos. Sólo seis fueron condenados a prisión perpetua y el resto recibió “penas bajas” que no dejaron conforme a las partes acusadoras.

   La decisión del Tribunal Oral Federal 1 chocó de frente contra la expectativa de un fallo condenatorio para los catorce imputados por los crímenes cometidos en la megacausa La Cueva, que incluye a los centros clandestinos de detención La Cueva (que funcionó en el viejo radar de la Base Aérea), la actual Comisaría 4ta y las dependencias policiales de Necochea: la comisaría 1ra y el antiguo destacamento de playa Díaz Vélez.

   Después de 15 meses de debate oral, los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros condenaron a prisión perpetua al ex general Alfredo Manuel Arrillaga, a los ex coroneles Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco y Jorge Luis Toccalino. La misma pena recibieron los miembros de la Fuerza Aérea, el ex comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el ex vicecomodoro José Carmen Beccio. Los seis militares son culpables de los delitos de privación ilegitima de la libertad calificada por mediar violencia; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos y homicidios calificados por premeditación de dos o más personas. 

   Por su parte, el ex coronel Fortunato Valentín Rezett fue condenado a 25 años de prisión por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia, y por la aplicación de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos.

   Lo que se creía un fallo condenatorio ejemplar mutó en un sinfín de interrogantes cuando el tribunal anunció la decisión de absolver a dos de los seis policías imputados y condenar con penas menores a los cuatro restantes. 

El ex comisario Ernesto Orosco, por el cual la Fiscalía había pedido la pena de 20 años de prisión, fue condenado a 12. Lo mismo ocurrió con el ex oficial Héctor Carlos Cerutti, que recibió 5 años de prisión a pesar del pedido de una condena de 12 años por parte del fiscal Daniel Adler. 

   Por su parte, el ex comisarío de Necochea Héctor Francisco Biccarelli fue condenado a 7 años de prisión, cuando el Ministerio Público había solicitado 15. El ex oficial Mario Larrea fue sentenciado a 5 años (3 menos de lo pedido por Adler) no obstante el tribunal entendió que esa pena ya fue cumplida con los años de cárcel preventiva durante la instrucción de la causa y el desarrollo del juicio, por lo que ordenó la inmediata libertad del condenado.

   Los ex oficiales Marcelino Blaustein (quien cumplió funciones en la comisaría cuarta donde se alojaban detenidos desaparecidos) y su compañero de armas Aldo Sagasti, fueron absueltos. 

   Por último, y en contra de lo esperado, los jueces decidieron condenar a 5 años de prisión al ex integrante de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) Nicolás Caffarello, quien cumplía funciones como integrante del servicio de inteligencia del Ejército. El “Tano Nicola”, así apodado durante aquellos años, estaba imputado por tres casos de secuestro y torturas, de los cuales dos terminaron en homicidio. 

   El tribunal consideró que Caffarello sólo es responsable del secuestro del militante Daniel Nario pero no de su destino final: la tortura y la muerte. Además entendió que no se pudo probar su participación en el secuestro y las torturas al ex secretario general del sindicato de Prensa, Amílcar González y en el crimen del ex militante Jorge Toledo, desaparecido en La Cueva. Lo extraño del caso es que el tribunal contaba con la declaración del propio González que antes de morir declaró en el juicio por la verdad y reconoció a Caffarello como una de las personas que lo secuestró el 24 de marzo de 1976.

Por último, el tribunal hizo lugar al pedido de las querellas y decidió revocar los arrestos domiciliarios de los condenados a prisión perpetúa ordenando su alojamiento en cárceles federales.

   Fuera del tribunal, sobre la avenida Luro, al menos un centenar de personas escucharon la lectura del fallo. Así aplausos y gritos de euforia devinieron en silbidos e insultos con las absoluciones y las bajas penas para los policías. 

El momento de mayor tensión se produjo cuando el camión del servicio penitenciario salió del interior del tribunal. Un grupo de manifestantes intentó acercarse para insultar a los condenados, pero un cordón policial se los impidió. Se produjeron algunos incidentes cuando un uniformado pateó a una mujer. Hubo empujones, insultos y algunos policías utilizaron gas pimienta contra los manifestantes.

REPERCUSIONES

   “He visto penas muy reducidas, penas que no condicen con la realidad, con el sufrimiento de las víctimas”. La frase pertenece al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien ayer vivió en primera fila de la sala de audiencia el desenlace del juicio oral contra los 14 imputados.

   Fresneda llegó ayer al Tribunal Oral Federal con sentimientos encontrados. Por una lado, su rol de funcionario público y por el otro el de víctima: sus padres (Tomás Fresneda y María de las Mercedes Argañaraz) fueron secuestrados en la denominada Noche de las Corbatas y desaparecieron dentro de La Cueva. Esperaba una condena para los asesinos de sus padres. Después de escuchar el fallo, dijo: “Tengo esta contradicción porque por un lado en el caso que me involucra de manera personal que es el homicidio de mis padres, todos han recibo una condena elevada. Yo sé que muchos familiares van a estar tristes por este fallo pero hay que tener expectativas y confianza en la justicia. Siempre uno pretende una respuesta acabada para cada uno de los dolores que ha sufrido el pueblo argentino”.

   Desde su lugar de representante de la cartera de DD.HH de la Nación, Fresneda reflexionó: “Tengo la obligación de decir que he observado que acusados de privación ilegitima de la libertad de dos, tres y hasta cinco personas y que son hechos agravados, he visto penas muy reducidas, penas que no condicen con la realidad, con el sufrimiento de las víctimas”.

   Antes de irse afuera a abrazarse con su hermano Ramiro y al resto de sus familiares que viajaron desde Catamarca y Córdoba para escuchar la sentencia, concluyó: “Jueces de la Constitución han discutido en base a la prueba y han resuelto (bien o mal) responsabilidades, porque estos señores (independientemente de las penas que tengan) ya no van a ser como ellos soñaron, héroes de la patria, sino que son personas condenadas por el pueblo argentino porque han cometido los peores hechos, los hechos más aberrantes de la humanidad”.

   El abogado querellante Cesar Sivo, representante de la APDH, fue el primero en anunciar la apelación del fallo. Aseguró que el tribunal no tomó en cuenta que los delitos cometidos por los policías deben encuadrarse dentro de las violaciones a los derechos humanos. “Las penas las dieron como si se trataran de delitos comunes y estamos hablando de delitos de lesa humanidad en un plan sistemático. La sensación es que la mensuración de la pena la hicieron en función de delitos comunes. Si a esta situación la juzgaran en otra parte del mundo nadie pensaría la privación de la libertad como un delito común. No es un delito común”. 

   Mientras se escuchaba el ruido de la disconformidad en la calle, dentro de la sala de audiencias, ya sin los acusados en el banquillo ni los jueces en el estrado, Sivo supo sintetizar el sentimiento generalizado: “Es una sentencia que nos deja un sabor agridulce por las absoluciones y las bajas penas. Significa tener que ir a un tribunal superior. Recurrir esta sentencia. Sabemos que el camino es cada vez más difícil. Para las víctimas es sentir que la Justicia les cerró la puerta una vez más. Y sentir que el tiempo, una vez más, juega a favor de la impunidad”.