Entrevista

TLV entrevistó a Claudio Pandolfi, asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación, sobre el modelo de seguridad democrática. Los límites de los sectores populares en apropiarse del debate y los desafíos para intervenir en las políticas criminales

   El abogado de causas populares y Profesor Adjunto de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Lomas de Zamora, estuvo en Mar del Plata. Participó de las Jornadas sobre Policía, Seguridad y Castigo que organizaciones sociales realizaron en la Facultad de Derecho de la Universidad local. Claudio Pandolfi, además es asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación y está al frente de las direcciones nacionales de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes y de Delitos Rurales y Piratería del Asfalto. 
Antes de su presentación, dialogamos sobre cuál es su concepción sobre un modelo de seguridad alternativo a las visiones dominantes y la necesidad de intervenir en las políticas criminales desde los sectores populares.
  
¿Qué es la seguridad democrática?
Discutir seguridad democrática implica hablar sobre los dos términos: qué seguridad y qué democracia. Si la democracia es el artículo 22 de la Constitución: que el pueblo no delibera si no es por medio de sus representantes, la seguridad va a estar en manos de los representantes sin participación popular. Ese modelo lo descarto. Creo que debemos hablar de una seguridad integral, que implica seguridad en la educación, salud, trabajo, integración social y  distribución equitativa de la riqueza. Eso como concepto de seguridad; y como democracia, una con participación directa de todos los sectores de la sociedad. No sólo participación, sino posibilidad real de decisión. Que está relacionado con garantizar todas estas seguridades previas. Porque con ellas se puede decidir y participar mejor. 

Ese modelo de seguridad democrática ¿Incluye la cuestión de la política criminal?
No puede haber una seguridad democrática con un concepto amplio, si no hay política criminal con ese mismo criterio de seguridad y de democracia. Es decir, si lo que va a haber es una política criminal de persecución del delito, de estigmatización de la pobreza, de policialización, y de que todo se va a responder con el Código Penal. Indudablemente no hay una política criminal democrática, lo que hay es una política criminal de mano dura. 
Me parece que es en función de esto que nosotros debemos discutir la participación de los sectores populares en la planificación, decisión e instrumentación de esa política criminal democrática.

Respecto de la participación en la construcción de un modelo de seguridad y política criminal democrática ¿Cómo analizas el involucramiento de los sectores populares en el debate? 
Comparto esto de que la izquierda y los sectores progresistas no se hacen cargo de un reclamo social real por mayor seguridad, que cada clase lo traduce de acuerdo a su situación social. Uno puede decir (que los reclamos) no se corresponden con la realidad, porque las estadísticas dicen que en Argentina la tasa de homicidios es de 6 cada 100.000 y que en alguna ciudad de México es de 200 cada 100.000. Pero eso a la sociedad no le importa. Entonces de ese reclamo tenemos que hacernos cargo por dos cuestiones. Primero porque el delito de los pobres perjudica a otros pobres. Tenemos que dar una respuesta porque son nuestros aliados de clase los que sufren una parte del delito, de una manera muy fuerte. Segundo, porque si no nos hacemos cargo del debate esos espacios los ocupa la derecha.  
En la política, el espacio que no se ocupa no queda bacante. Si uno no plantea una política de seguridad democrática, una política criminal democrática, lo que termina habiendo es un discurso de una política de mano dura. 

Si no son los sectores populares ¿Quiénes debaten la política de seguridad?
Nosotros somos muy ingenuos en creer que la sociedad civil no discute la política criminal. El tema es que la sociedad civil que lo discute es una sociedad civil que nos excluye: las empresas, los bancos, las compañías de seguro, los clubes de Leones, los referentes de la actividad comercial de los municipios. Todos esos discuten una política de seguridad. Se sientan con el Intendente a resolver qué comisario, qué tipo de ciudadano quieren en su vereda o en su centro comercial. Las compañías de seguro discuten políticas de seguridad para pagar menos indemnizaciones por delitos, o eventualmente para aumentar las pólizas. Los bancos discuten modificaciones del Código Penal, y lo hacen a través de lobbys con la policía, los jueces y los fiscales. Esa política de seguridad es de derecha y es una política de seguridad de exclusión, represión y de criminalización.
Del otro lado, nosotros estamos planteando que todo se solucionará cuando hagamos el cambio social. Pienso que si los movimientos sociales discuten sobre el trabajo, la salud y la educación ¿Por qué no discutimos las políticas de seguridad? ¿Por qué tenemos un campo cerrado que se lo dejamos a otros? 
Si no disputamos el control sobre el aparato represivo dejamos que el control social actúe libre, sin ningún tipo de limitación sobre nosotros. Es un debate que tenemos que dar, sacarlo de la abstracción e intervenir ya. Porque en la medida en que no lo hacemos, las clases populares terminan pidiendo la intervención de las fuerzas de seguridad. 

Nombraste a las fuerzas de seguridad. En el modelo de seguridad democrática que describiste ¿Cuál considerás que debe ser el rol de la policía? 
El primer planteo es que la policía es el sujeto a controlar. Si no es controlado, maniatado o condicionado por los sectores populares, actúa libremente o condicionado por los sectores que están en contra del campo popular.
Si hablamos de política criminal democrática, me parece que es la última agencia del Estado que debería intervenir en un problema de delito que tenga que ver con la marginación social y la pobreza. Esos son delitos que requieren una respuesta de salud, trabajo y vivienda. La policía, en este campo del delito, no tiene nada que hacer. 
Por otro lado, está el crimen organizado, que es otro campo del delito. Este crimen organizado, en tanto empresa criminal capitalista, tiene como mano de obra barata a ese sector marginal del cual se nutre, que usa de carne de cañón y sacrifica para acumular capital. Es el pobre el que queda detenido, el que genera alarma social y sobre el que se pide pena de muerte. 
En el crimen organizado hay que intervenir con otras agencias del Estado, como la policía. Tiene que ser  de manera direccionada para que no se vuelva sobre el primer campo, como pasa con el narcotráfico. La policía investiga los kiosquitos de venta de droga en los barrios populares. Persigue a los pobres que están subsistiendo con la comisión de un delito. Pero nunca logran descubrir cómo llegan esos dos kilos de cocaína o de paco.

Como funcionario del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Nación ¿Cuáles son las políticas que se están aplicando para avanzar sobre el modelo de seguridad democrática?
El Ministerio no es uniforme. El Kirchnerismo no es uniforme. Es un ministerio sin historia, en diciembre cumple dos años. Con posiciones distintas hacia adentro que están en tensión y en fuerte disputa. Donde las fuerzas de seguridad también disputan espacios porque no están dispuestos a perder el control de la seguridad. Nosotros tenemos que ser autocríticos ahí también. El poder punitivo te atrapa, es seductor. Te sentís con poder. Tener en un playón mil gendarmes firmes diciéndote “Buenos, días señor”, puede ser muy fuerte. Te lleva a confundirte o terminar haciendo acciones similares a las que hacen las fuerzas de seguridad pero dirigidas por un civil. Creo que en función de eso, una crítica que veo con respecto a los organismos es que se plantea una seguridad democrática que sólo se limita a que son civiles con mando sobre las fuerzas de seguridad. Pero no los sectores populares con intervención directa. Por ejemplo, la policía bonaerense tiene 55 mil miembros. Cuántos civiles necesitás para controlarla, si no ampliás la conducción a cada vecino en el barrio. 
Reviendo el Acuerdo de Seguridad Democrática, que me parece un salto importante en la provincia de Buenos Aires, lo que veo es que de todas formas se sigue delegando en el artículo 22 de la Constitución: en nos los representantes... que está bien que la tengan, pero no puede ser la única. La sociedad tiene que tomar la conducción de las fuerzas de seguridad en forma activa.