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| Foto: Polaco |
Más de un millón de familias en la provincia de Buenos Aires carecen de una vivienda digna. En nueve años de gestión de los gobiernos kirchneristas (2003-2007 Felipe Solá, 2007-2012 Daniel Scioli), se construyeron poco más de 110 mil viviendas financiadas por el estado nacional, que sumadas a las que están en ejecución y a punto de iniciar obras, llegan a las 180 mil unidades habitacionales.
La provincia cuenta con programas financiados por el Ministerio de Planificación Federal, con sus respectivos subprogramas, y algunos proyectos financiados por la provincia. Sobre estos últimos, no hay datos precisos de cuántas unidades habitacionales se construyeron. Pero según el informe 2010 del Instituto Provincial de la Vivienda, se edificaron 29 mil viviendas y se escrituraron algo más de 6 mil. Según el mismo informe, el 67% de los recursos provinieron de la provincia y el porcentaje restante de las arcas nacionales.
A pesar de los esfuerzos, la situación habitacional de cientos de miles de familias bonaerenses continúa siendo crítica. Muestra de ello son los constantes reclamos de organizaciones sociales o agrupamientos vecinales que organizan tomas de casas o tierras para exigir un techo digno. El caso de la asamblea de "Los Sin Techo" de Mar del Plata en el 2009; "Madres y Padres en lucha por una Vivienda Digna" a comienzos de este año; el Movimiento de Familias "Sin Techo" de Miramar; la toma de tierras en Moreno, son algunos ejemplos. Pero el emblemático caso del Parque Indomericano a fines del 2010, que continuó con tomas de tierras en Quilmes, Ciudad Evita y Lanús, marcó un punto de inflexión. No sólo por la repercusión que tuvo a nivel nacional, sino porque quedó al descubierto que la falta de vivienda digna es un problema que atraviesa a toda la Argentina.
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El proyecto demoró dos años en ser elaborado y recibió el aporte de diferentes organizaciones sociales, de la Universidad de General Sarmiento y profesionales de varias disciplinas. Los ejes principales de la ley, según explicó el economista Alfredo Zaiat en una columna en el diario Página/12, se centran en cumplir con el Inciso 7 del Artículo 36 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que garantiza el acceso a la vivienda única y determina que una ley especial debe reglamentar las condiciones de ejercicio de dicha garantía. También amplía la cantidad de tierra urbanizada destinada a vivienda y se propone una mirada integral, abordando el problema habitacional, articulando la tierra, la vivienda y las normas urbanísticas. Pero ante todo, el ante proyecto plantea que las condiciones de acceso al suelo no se rijan por las leyes del mercado.
Además, la Ley de Promoción del Hábitat Popular plantea que los que más tienen cedan parte de sus propiedades para que otros, con más necesidades, accedan a un techo. Como era de esperarse, los sectores conservadores pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que entre los seis capítulos que componen el ante proyecto, algunos de sus intereses iban a ser tocados. En la misma columna, Zaiat planteó que “el anteproyecto dispone que los emprendimientos de urbanización privada (clubes de campo, barrios cerrados y countries), de cementerios privados y de centros comerciales de más de 5 mil metros cuadrados que se instalen en la provincia, deben entregar al municipio en forma gratuita terrenos equivalente al 10 por ciento de la superficie neta de esos predios, pero ubicados en otro lugar (…) En casos excepcionales debidamente fundados y aprobados previamente por Ordenanza municipal, la cesión de suelo podrá canjearse por un pago en dinero efectivo al Municipio, haciendo los cálculos de equivalencia de los valores correspondientes. También se otorga Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires la facultad de expropiación contenida originalmente en la Ley 5396/48 actualmente vigente, atribución reservada a la legislatura.”
A pesar del ímpetu que la gestión provincial puso en el anuncio, el ante proyecto de ley no fue tratado en ninguna de las cámaras legislativas.
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Una mirada crítica sobre los planes de vivienda
En su visita a la Argentina, Raquel Rolnik, relatora especial sobre vivienda del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, analizó la política habitacional de nuestro país. Aportó algunos puntos de análisis interesantes respecto de cómo se piensan los programas habitacionales federales, que reproducen la misma lógica que los provinciales. Rolnik sostuvo que “el programa federal se centra en empresas constructoras que entregan las viviendas llave en mano, y esto debería ser una alternativa entre otras. Hay programas de mejoras en barrios o para cooperativas, pero están menos priorizados, y deben competir por la tierra en un mercado que incluye viviendas de lujo. Es que es imprescindible incluir acciones de regulación del suelo. Falta en la Argentina un plan nacional de suelo y hábitat urbano y rural. En el conurbano bonaerense, en lugar de los loteos, que, en cuotas, en las décadas de 1950 o 1960 permitían a muchos trabajadores hacerse su casa, proliferan barrios cerrados, para sectores de altos ingresos, con una densidad habitacional de sólo cuatro personas por hectárea. Así para los sectores populares, a falta de opción, las ocupaciones resultan la forma más común de hacerse de suelo y vivienda”. Agregó que “la crisis habitacional de la Argentina, que se arrastra desde hace décadas, se agravó en los últimos años, porque la reactivación económica no va acompañada por mecanismos de regulación del precio del suelo: entonces, los mayores ingresos de las clases más favorecidas se trasladan a los precios de venta y alquiler de propiedades. Y las clases medias no tienen buenas posibilidades de crédito y así, expulsadas del mercado, pasan a competir por ubicaciones tradicionalmente populares”.
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