Acción jurídica






   Breve cronología del conflicto.
   El 21 de mayo de este año, la empresa multinacional de origen canadiense Mc Cain tomó la decisión de suspender durante un fin de semana el funcionamiento de la planta procesadora ubicada en la ciudad de Balcarce, debido a las dificultades de exportación de las papas pre fritas congeladas, que viajarían hacia Brasil.
   La empresa canadiense tomó esta decisión argumentando que si cerraba la venta al país vecino (cuyos principales compradores son, además, las multinacionales Mc Donald´s y Burguer King), la planta ubicada en territorio bonaerense era económicamente inviable.
   La planta procesadora ubicada en Balcarce cuenta con un plantel de 700 trabajadores directos y aproximadamente 3000 trabajadores que dependen de ella en forma indirecta (a través de tercerizaciones de servicios de todo tipo, transportistas, incluyendo el personal de los proveedores de la planta).


La postura de Mc Cain carece de sustento, porque estamos hablando de una empresa que factura U$S61000 anuales, derivados de su producción a escala planetaria, según su propia información. La intención de la empresa era que la presión social que genera la incertidumbre respecto de la continuidad de 3700 puestos de trabajo, le sirviera para gestionar algún tipo de ayuda estatal ante las restricciones del comercio exterior brasileño. La Secretaría de Comercio Interior nacional relocalizó la producción transitoriamente hasta tanto los camiones de Mc Cain pudieran ingresar a territorio brasileño.


   A pesar de todo ello, el 21 de junio, la empresa anunció que otorgaría vacaciones forzadas o, en caso de que los trabajadores afectados no las aceptaran, procederían a las suspensiones masivas del personal con reducción del 30% del salario. En el plan original de Mc Cain, el 70% del salario que la multinacional abonaría mientras durase la suspensión, debería ser reintegrado posteriormente por los trabajadores, los que verían reducidos sus salarios en un 10% en los siete meses siguientes a la suspensión.


   La resistencia del grupo de trabajadores que se nuclean en torno a la comisión interna de la planta –alejada de la conducción del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación-, hizo que la empresa canadiense tuviera que dar marcha atrás con su estrategia inicial. Luego de una serie de protestas fuera de la planta y de una serie de audiencias frustradas en la delegación local del Ministerio de Trabajo, la empresa tuvo que comprometerse a suspender el plan de ajuste previsto en la audiencia del día 26 de Junio en el Ministerio de Trabajo provincial, en la ciudad de La Plata. Allí se comprometió a dejar sin efecto las vacaciones forzadas y las suspensiones con reducción de salario. Sin embargo se suspenderían las líneas de producción desde el 26 de junio hasta el 9 de julio, aunque abonando la totalidad del salario a los trabajadores afectados.


   Finalmente el día 11 de julio, el gobierno brasilero rehabilitó el ingreso de la producción de papas congeladas y la empresa reincorporó a los trabajadores a sus tareas habituales. La crisis financiera internacional y el modelo argentino. El conflicto de la planta procesadora de Mc Cain, marca ciertas pautas de análisis que deben tenerse en cuenta a la hora de pensar cómo serán los conflictos colectivos de trabajo que se pueden llegar a presentar en el futuro, teniendo en cuenta la situación económica actual.


   Sin dudas, la crisis financiera internacional empezará a afectar la tasa de ganancia de las empresas, cuya producción mayoritaria está destinada a la exportación y no al mercado interno. Como sucedió en Balcarce, los empresarios intentarán incluir recortes a los derechos de los trabajadores, es decir, trasladar al sector del trabajo la reducción transitoria de la disminución de sus ganancias.


   Ante restricciones arancelarias similares a las del Mercosur, pero dentro de la Comunidad Europea, la respuesta de Mc Cain fue relocalizar su producción hacia un tercer país. Sin embargo, en Argentina, la primera reacción de la empresa fue intentar flexibilizar los derechos laborales además de pedir la protección diplomática canadiense para presionar al gobierno brasileño. Casi la totalidad de estas ofensivas empresarias son además, ilegales, si uno las analiza a través de la Ley de Contrato de Trabajo que rige en la actualidad, como por ejemplo la inclusión de suspensiones que impliquen reducciones salariales o realizar suspensiones masivas sin exhibir ante el Ministerio de Trabajo los balances económicos que muestren que la empresa se encuentra en una verdadera crisis, como medida previa para analizar la legalidad de la suspensiones.


El trabajo en cuestión


   Será esencial la respuesta de los trabajadores organizados en sus lugares de trabajo -en particular de los delegados y comisiones internas- ante este tipo de ofensivas empresarias, y mucho más respecto a sectores de la economía que en este último tiempo han obtenido ganancias extraordinarias. La planificación del modelo económico argentino diseñado a partir de 2003 hoy se enfrenta a tres situaciones claves en materia laboral, a las que deberán dar respuesta las organizaciones de los trabajadores: la primera es remendar la herencia flexibilizadora de la década de los ´90. Todavía subsiste, en primer lugar, la inestabilidad en el empleo, que niega al trabajo su condición de derecho humano fundamental a través de diversos dispositivos: principalmente la posibilidad del empresas de despedir trabajadores sin ninguna causa; y la segunda, las tercerizaciones de trabajadores a través de empresas de recursos humanos que proliferaron en la segunda década infame, mediante las cuales se permiten contratar trabajadores por corto tiempo y suspender sus contratos sin ningún tipo de indemnización. En segundo término, la creación de empleo a partir del modelo económico kirchnerista, implicó también dejar de lado las estrategias para asegurar la calidad del trabajo. En nuestro país existe casi un 35% de trabajo no registrado (trabajo clandestino), sumado a la presencia de grandes sectores de trabajo esclavo, principalmente en los sectores rurales y textiles. Gran parte de la cantidad de empleos generados en el 2003 se encuentran dentro ese margen de trabajo clandestino.


   A su vez continúan negociándose numerosas cláusulas de flexibilidad laboral, principalmente en materia de jornada y de organización del trabajo. De los 106 convenios colectivos firmados y homologados el año pasado, casi el 90% bajaron las condiciones de trabajo respecto al año anterior (Informe Anual sobre Negociaciones Colectivas 2011, Observatorio de Derecho Social, CTA). Finalmente, el actual contexto económico, que como dijimos implicará una reducción de la tasa de ganancia empresaria respecto de años anteriores, resonará hacia el futuro en una fuerte disputa salarial en la negociación paritaria, donde el sector empresario buscará reducir los aumentos salariales futuros. Como se vio en Mc Cain, también se intentará traducir la reducción de las ganancias en condiciones flexibilizadoras de trabajo. Como dijimos al principio: el trabajo está en cuestión.

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