Megaminería


MEGAMINERÍA: UN DEBATE DE FONDO


 “…esta acumulación originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo papel que el pecado original en la teología. Adán mordió la manzana y con ello el pecado se posesionó del género humano. Se nos explica su origen contándolo como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos había, por un lado, una elite dirigente, y por el otro una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon riqueza y los  últimos terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Y de este pecado original arranca la pobreza de la gran masa (que aún hoy, pese a todo su trabajo, no tiene nada que vender salvo sus propias personas) y la riqueza de unos pocos, que crece continuamente aunque sus poseedores hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo.” 
Carlos Marx
“es lo mismo el que labura noche y día como un buey, 
que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura,
o está fuera de la ley.”
Enrique Santos Discépolo


   La extracción y apropiación de los minerales en América Latina no es un tema novedoso, sino que está ligado a la historia profunda de nuestro continente: se inicia con la llegada de los conquistadores españoles en un proceso de saqueo sistemático de nuestros recursos. Así el continente americano ingresa a la historia del poder mundial.
   Durante la segunda mitad del Siglo XX, la historia de América Latina discurre entre proyectos nacionales inconclusos y un plan de dominación sistemático que triunfa. Impulsado centralmente por los Estados Unidos, este plan significó la imposición del neoliberalismo en todo el continente, una vez derrotadas las luchas populares que se habían planteando como alternativa al capitalismo. En 1953, Getulio Vargas nacionaliza los hidrocarburos en Brasil y termina con su vida en 1954, luego de la implantación de la dictadura militar; en Chile, Salvador Allende nacionaliza el cobre en el año 1972, y al año siguiente el ejército lo derroca, bombardeando la Casa de la Moneda y asesinando al presidente elegido democráticamente por su pueblo. Pinochet dicta entonces un nuevo código minero que facilita la explotación del recurso a capitales extranjeros; Martínez de Hoz escribe, ya como Ministro de Economía de la dictadura argentina, un libro que promueve la minería, llamado “Bases para una Argentina moderna”  donde sostiene que la minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida. A partir de 1976 ingresa nuestro país en las lógicas de mercado neoliberales, que no se terminan con la dictadura militar sino que apenas comienzan, y son profundizadas hasta sus últimas consecuencias por Carlos Saúl Menem durante la década de los noventa (1989-1999).
   Es el menemismo quien crea el marco legal necesario para promover al máximo la explotación del recurso minero en manos de las grandes corporaciones multinacionales. Y Promover al máximo significa haber creado ventajas impositivas y fiscales, una fuente de energía a muy bajo costo, el pago de impuestos a valores ridículos o nulos, y la ausencia de controles estatales: sólo basta la presentación de una declaración jurada de la propia empresa, que se elabora una vez realizadas las exportaciones. Además de dejar un pasivo ambiental del que no debe hacerse cargo, y que requeriría de una capacidad técnica que Argentina no posee en la actualidad. Desde la sanción de la ley de Inversiones Mineras, el sector minero es quien recibe las mayores ventajas impositivas, sólo superado por la especulación financiera, que no tiene carga alguna, en contraste con el resto de los sectores [Le Monde diplomatique]. Es importante señalar que la reforma del marco regulatorio encarada por Menem tuvo otros actores fundamentales al momento de su ejecución: José Luis Gioja, Diputado Nacional entre 1991 y 1995, actualmente gobernador de la provincia de San Juan, político que maneja acciones en el negocio minero y fue, además, miembro de la comisión de minería de la Cámara de Diputados. Su tercer hermano, César Gioja, actualmente senador nacional por el FPV, presidió la Comisión de Minería e Hidrocarburos del Senado Nacional hasta el año 2009, y tuvo que dejar el cargo cercado por las acusaciones de la oposición de ser proveedor de la Barrick Gold: César Gioja es, además, propietario de otra empresa minera, Bentonitas Santa Gema, sobre la cual recaen las denuncias antes mencionadas.
   Como lo expresa Federico Nasif en un artículo publicado en Página/12, 19/03/2012), según un informe de la Subsecretaría de Minería, a partir de 1994 el Banco Mundial comenzó una serie de intercambios analíticos con las autoridades del gobierno menemista, para desarrollar un plan de reordenamiento acorde con la transformación general del sector, provocada por la fuerte inversión de empresas extranjeras. Este proyecto funcionó como guía de acción para las reformas que faltaban: desde el ordenamiento y la unificación de los códigos de minería nacional y provinciales hasta la subordinación de las Evaluaciones Ambientales a las propias secretarías mineras provinciales (Ley N° 24.585). Es interesante constatar con quiénes se consultó para llevar adelante todo este paquete de reformas, donde no hay organizaciones sociales ni políticas que comprometan su mirada sobre el tema, y en su lugar se encuentran instituciones privadas como la Cámara de Empresarios Mineros, el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras, organismos internacionales como el Banco Central, la ONU, el BID, y las propias empresas mineras: Barrick Gold, Bajo la Alumbrera, BHP.
   El negocio minero, por lo tanto, no escapa durante la década de los noventa a una sistematización de la explotación de los recursos, planificada globalmente y llevada adelante por los grupos económicamente concentrados. Sin embargo, son muchas más las razones por las cuales la megaminería encuentra en el territorio argentino un lugar ideal para establecer su negocio. Así se explica que, aún hoy, luego de la derrota clave del neoliberalismo en el año 2001 en nuestro país, el negocio siga vigente: 
   Desde el punto de vista de la contaminación provocada por la minería a cielo abierto, esta es la actividad humana considerada como la más contaminante del planeta. Marta Maffei (“Foro Nacional de Trabajadores contra la megaminería”) asegura que esta es la razón por la cual en los países poderosos se comenzó a prohibir la actividad minera y en consecuencia comenzó a desarrollarse en nuestros países. Y plantea un debate polémico: en las sociedades donde se ha aceptado la muerte temprana como parte constitutiva de la vida se impulsan estos proyectos porque consideran que la expectativa de vida es menor. La contaminación es, sin duda, el argumento clave de los ambientalistas que combaten la megaminería;
Desde el punto de vista de las ganancias, no sólo el marco legal contribuyó a fortalecer este aspecto, sino también el precio internacional del oro, la plata, el cobre y la mayoría de los metales, en ascenso en los últimos años; 
A esto se suma el abaratamiento de los costos. La extracción de los metales  es realizada con mecanismos que devoran una gran cantidad de energía: cada nueva mina a cielo abierto equivale a la incorporación de una ciudad de 300.000 habitantes a la red de suministro [Le Monde diplomatique]. Esta enorme cantidad de energía es pagada a muy bajos costos, y se vende lo producido a un precio internacional alto, lo que genera enormes ganancias. Según datos de Nicolás  Gutman y Roberto Adaro (“Inauditos privilegios de la minería” Le Monde diplomatique. Agosto, 2008) en nuestro país el costo de la energía es entre dos y tres veces menor que en Chile, Brasil o Perú. “Esa diferencia no se debe, como podría pensarse, a que Argentina sea rica en recursos energéticos, sino a una política oficial de subvención de precios que busca contener la inflación y el alineamiento de los costos productivos locales con los internacionales.” Además de la construcción de la llamada Línea Minera: un tendido eléctrico de 500Kv que une provincias andinas y que tiene como objetivo principal servir de conexión a los grandes emprendimientos mineros. Hay que prestar especial atención a los nombres de los pueblos que se incluyen en el recorrido de esta línea: Chilecito, Aimogasta, Belén, Andalgalá, Barreal, Pachón… Localidades todas ellas destinadas a grandes proyectos mineros. En el año 2000, por resolución de la Secretaría de Energía y Minería de la República Argentina (N° 174/2000) se creó el FFTEF: Fondo Fiducidario del Transporte Eléctrico Federal. Este fondo fue financiado por un aumento en la tarifa eléctrica y destinó la mayor parte de su inversión a las obras de la Línea Minera. Es decir que esta línea eléctrica cuya principal tarea es servir a los grandes emprendimientos mineros, fue subvencionada por los habitantes de esas provincias, mediante un aumento en su boleta de luz. Además, es importante conocer quién está a cargo de la secretaría de Minería de la Nación en la actualidad: se trata de Luis Mayoral, quien tiene participación accionaria en tres empresas mineras: Micas Argentinas SRL, Minvail SA y Millstone, (esta última comparte domicilio con la sede argentina de la multinacional Barrick Gold). Mayoral reconoció que es dueño del 15 por ciento de las acciones de Millstone, una compañía radicada en la provincia de San Juan que, según el directorio de empresas que figura en la página de la Secretaría de Minería, tiene domicilio también en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Marcelo T. de Alvear 624 1º piso. Allí mismo, figuran las empresas Barrick Exploraciones Argentina S.A., J. S. Redpath, Rodeo S.A., Newcrest Minera Argentina SA y Minera Peñoles. [www.criticadigital.com]
A lo ecónomico del negocio minero en Argentina, se suma, por último,  el caso de los combustibles líquidos, donde las empresas mineras están exentas de pagar los impuestos que el resto de los usuarios particulares y el resto del sector industrial sí pagan. A su vez, el Estado utiliza el combustible importado para abastecer a las centrales térmicas [Le Monde diplomatique].
   De qué manera se introduce el tema de la megaminería en la agenda nacional de los medios y del gobierno, es ya conocida: la represión desatada por la Gerdarmería de la provincia de Catamarca sobre manifestantes que evitaban el ingreso de camiones a la mina de Bajo la Alumbrera, en Andalgalá. El corte de ruta fue brutalmente desalojado y la noticia mal enfocada por los medios. Desde las lágrimas de cocodrilo del grupo Clarín y el arco opositor, que se sorprendía a sí mismo apoyando un corte de ruta (en un claro gesto de demagogia y oportunismo político) pero sin plantear debates de fondo, hasta la banalización de los medios oficiales, que minimizaron el hecho represivo, y cedieron la palabra a las autoridades oficiales para dar las aclaraciones del caso, desmentir el uso de cianuro, relativizar la represión y cuestionar las medidas adoptadas por los ambientalistas. 
   Sin embargo es gracias a la resistencia que llevó adelante cada pueblo que hoy saltan sobre el tapete temas estratégicos que toda la sociedad necesita comenzar a debatir. Según Ana Berardi el gran desafío que ha comenzado a corporizarse es la nacionalización de las luchas. Y agregó que la resistencia a la megaminería ha sido un proceso que ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. A medida que se han observado los impactos que esta actividad ha ido generando en los territorios (ya sea por la contaminación o la ausencia del progreso prometido) los procesos de resistencia comenzaron a hacer oír su voz: algunas experiencias como Esquel, fueron multitudinarias desde un primer momento, donde más del 80% de la población dijo No a la explotación minera mediante un plebiscito. 
   La problemática que se abre no es sencilla. Está relacionada con las lógicas en que se tejen los argumentos de cada lado. Aliverti sostuvo en su programa radial que (18/02/2012) tal vez pueda afirmarse que el contencioso está surcado por agrandamientos y minimizaciones a partir de dos fundamentalismos. El de mercado y el ecoambientalista. Del primero se conoce y sufre mucho. Del segundo, más bien se intuye. Sin embargo pareciera existir una tergiversación en las argumentaciones de quienes se oponen a la actividad minera de las multinacionales. Como señaló Berardi, uno de los argumentos que esgrimen los que  defienden la megaminería, es que los metales están presentes en la vida cotidiana (como se puede observar en la campaña mediática que lleva adelante la Cámara Argentina de Empresarios Mineros). Sin duda esto es cierto sólo en parte, si tenemos en cuenta que lo que más se extrae hoy en el país es oro, que tiene una ínfima utilización industrial y es predominantemente utilizado como mecanismo de especulación financiera (…) Además, la coordinación y el incremento de la participación social ha logrado que ya no se hable “en contra de la minería” sino que se plantee la defensa de la vida, los territorios y la lucha contra el modelo extractivista.
   Lo que está en disputa hoy es la lógica que el pueblo argentino y su gobierno debe darse para resolver las cuestiones de fondo. Por eso este debate va más allá de la propia actividad minera. Y nos propone encontrar los caminos que como sociedad nos debemos para encarar la cuestión del uso de la tierra, la soberanía sobre nuestros recursos, la toma de decisiones políticas, y la participación real de todos en un proceso democrático que aporte a solucionar los problemas estratégicos que atraviesa nuestra América.

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