Tumba la valla!

LA EXPROPIACIÓN DE YPF, UN PASO NECESARIO

La Argentina es el único país en el mundo donde la totalidad de la explotación petrolera está en manos privadas. Algún día la Patria y el Pueblo Argentino demandarán a los responsables.

 G. Cieza (2006) 

Implantación de un modelo de saqueo y vaciamiento.

      Es a partir de 1966, con la ola de golpes militares que se producen en Argentina, que puede empezar a relatarse el proceso de destrucción de YPF, sobre todo gracias a las políticas encaradas por Onganía y Videla, pero también debido a los roles que jugaron luego presidentes elegidos democráticamente como Raúl Alfonsín (período en que se desfinancia la empresa) y Carlos Menem, privatizando este último el total de los recursos petroleros. Se trata de la implementación de las recetas neoliberales que atentaron contra el patrimonio nacional y la sociedad Argentina de una manera sistemática e integral (ver “Megaminería, un debate de fondo”, TLV n°1). 

      La industria petrolera tiene tres fases: exploración, producción y comercialización. Como relata Cieza (“Haciendo memoria. La privatización de YPF”) la exploración es necesariamente una actividad de riesgo desde el punto de vista económico, pues supone inversiones por adelantado. En el año 1987, el 95% de los pozos petroleros en producción o de reserva, habían sido descubiertos por YPF. Por lo tanto, era el Estado nacional quien se hacía cargo de todos los riesgos, y de las inversiones por adelantado. Sin embargo, de ese total de petróleo encontrado sólo se extraía el 75% ¿Por qué? Simplemente porque una vez encontrado el petróleo, o con los pozos ya funcionando en varios casos, muchas áreas se entregaban a empresas privadas. Esto ocurría gracias a las medidas de Onganía, retomando esta clase de contratos que fueron anulados por el presidente Arturo Illía y restaurados por Onganía, pero que tienen vigencia hasta nuestros días. A finales de los ochenta, ocurrieron algunos casos paradigmáticos de la entrega del recurso, como el yacimiento de Filo Morado (seis pozos con enorme cantidad de producción diaria de crudo), en Neuquén: los profesionales de YPF habían descubierto que este yacimiento se extendía de norte a sur, y era muy probable encontrar en Hutrainco un área de similares características. Sin embargo, Hutrainco fue, curiosamente, cedida a la empresa San Jorge, a pesar de los reclamos de los trabajadores de YPF (Otras empresas que se enriquecieron bajo los cuidados de estos contratos impulsados gracias a la aplicación del modelo neoliberal en nuestro país fueron, por ejemplo, los Pérez Companc y Astra). La comercialización también generaba grandes ganancias a los sectores privados y fuertes pérdidas para YPF. Gracias a un decreto de Onganía, el crudo de YPF se repartía en la Mesa de Distribución de Crudos, según el porcentaje de ventas al público del último trimestre. Así, se dividía de igual a igual el crudo con Shell y Esso, empresas ambas que no participaban de la extracción pero que poseían refinerías y estaciones de servicio. Además, YPF vendía el crudo que compraba a otras empresas privadas más barato que su costo, es decir, subvencionaba a la Shell y Esso, lo que significó una pérdida de 400 millones de dólares anuales. Afirma Cieza: “YPF controlaba el 65% del mercado de distribución, pero sólo facturaba el 50%”. Esto fue así porque se encargaba de abastecer a todo el territorio nacional mientras que Shell y Esso concentraron sus estaciones de servicio en los lugares de mayor consumo. 

El juego de las provincias petroleras y el sector privado. 

      La estructura impositiva nacional creada por las reformas neoliberales de la década del noventa dio lugar a que, en el año 2011, de cada tres pesos del gasto provincial tan sólo uno provenga de ingresos tributarios locales [Marcha, 16 de Abril, 2012]. Se entiende por eso que las provincias quieran captar una buena parte de la renta petrolera para sostener sus finanzas y aumentar el margen de autonomía con el Estado nacional, que les otorga la mayor parte de los recursos propios. 

      Con la reforma constitucional de 1994, el Estado nacional descentralizó la salud y la educación, generando un aumento importante de los gastos de las arcas provinciales, pero a su vez les entregó las reservas de hidrocarburos presentes en cada uno de sus territorios, lo que significó una enorme fuente de ingresos. Es importante señalar que, durante el menemato, los gobernadores de las provincias petroleras Masaccesi, Kirchner, Sobisch y Romero apoyaron fervientemente la privatización. El Estado perdía así el control sobre el recurso petrolero y negaba por lo tanto, el carácter estratégico de los hidrocarburos. De esta forma pasaban a ser commodities para la exportación: las grandes empresas petroleras se encontraron en una situación muy favorable para la negociación. Tanto es así, que hasta el momento REPSOL no tenía experiencia previa en explotación petrolera, y la siderúrgica Techint creó Tecpetrol. “Pero las palmas en los antecedentes se las llevó el suizo Marc Rich, que adquirió el área central de Santa Cruz. Tenía pedido de captura internacional por el FBI de Estados Unidos, por 63 delitos contra el fisco en ese país y por lo tanto no podía salir de Suiza” [Cieza]. Este hombre invirtió 27 millones de dólares en Santa Cruz que pensaba recuperar en cinco años [Clarín, 19/02/1993]. 

¿Por qué expropiar las acciones de REPSOL? 

      Hay que señalar y poner énfasis en el accionar de esta empresa sobre los recursos de nuestro país, para comprender que la expropiación responde a una política de reparación histórica, y también de recuperación de los recursos y control político sobre un área que hoy resulta central a nivel mundial, y ha sido destruida sin pausa hasta nuestro presente. 

      Luego de la desregulación y la Reforma del Estado en el comienzo de la presidencia de Carlos Menem, las políticas de entrega del patrimonio nacional continuaron para sancionar, en 1992 (ley 24.145) la privatización de la empresa estatal YPF, llegando en1999 a su entrega total en manos de REPSOL. La empresa se ha dedicado hasta el presente a “aplicar una política extractiva de corto plazo y sin reposición de reservas, maximizando su ganancia y distribuyendo cuantiosas utilidades. Mientras que en el período 1999-2007 la magnitud fue del 75% del total de las ganancias, y entre el período 2008-2010 se distribuyó el 144%. Estas ganancias en su mayor parte se remitieron a la casa matriz siendo utilizadas para inversión en otras partes del mundo” [Martín Scalabrini Ortíz, “Recuperación de la soberanía energética” Marcha, 13 de Abril 2012]. REPSOL ha generado unas ganancias cuantiosas de las que nuestro país no recibe nada a cambio, o mejor dicho, recibe por ello la explotación salvaje de sus recursos y el vaciamiento de la herramienta nacional YPF. 

La expropiación: debates y desafíos.

      El proyecto de ley presentado por la presidenta Cristina Fernández supone la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Esta expropiación se realiza sobre el 57% de las acciones con las que actualmente cuenta la empresa española REPSOL, que pasarán a manos del Estado nacional, dejando intactas las acciones de la familia Eskenazi (grupo Petersen) y de otros inversores privados. Es muy importante señalar que, si bien las acciones se dividirán en un 26% para el Estado nacional y un 24% para las provincias productoras de hidrocarburos, todas ellas están sindicadas: es decir, tienen que votar siempre en la misma dirección que el Estado nacional, dándole un solo cuerpo a la intervención estatal en la empresa. 

Además se declara de “interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte, y comercialización de hidrocarburos” (decreto n° 529/2012) lo que significa, al menos de momento, una reparación histórica con respecto al rol estratégico que debiera ocupar el recurso petrolero, y la importancia profunda que le asigna esta medida del actual gobierno a la cuestión de la soberanía nacional, pues como mínimo, el tema se ha metido en la agenda nacional y en boca de toda la sociedad. 

En este marco, se plantean los debates sobre cómo llevar adelante la dirección de estas políticas, en un contexto latinoamericano que da mucho para hablar. Tanto PDVSA como Petrobras se ofrecen como ejemplos para llevar adelante los nuevos lineamientos de YPF. 

      La venezolana PDVSA, es una de las empresas estatales de producción de petróleo mundial más importante. Aparece con la nacionalización del petróleo en 1975, y mantiene desde entonces un alto nivel de exploración y producción con relativa autonomía de los gobiernos de turno. Con la llegada de Chávez al gobierno, en 1998, la compañía perdió esa autonomía y pasó a estar controlada por el Estado venezolano. “De ahí en adelante cambia radicalmente la estrategia de la compañía, junto con la política exterior del gobierno Venezolano. Si el objetivo anterior era captar mercados, ahora PDVSA se convirtió en una herramienta para promover la integración regional e instalar el liderazgo venezolano en el proceso” [Bruno Dobrusin, “Qué hacemos con el petróleo” Marcha, 2011]. Esta estrategia de Venezuela ha sido clave en proveer de seguridad energética a países centroamericanos como Nicaragua y Cuba. Aunque la política externa no se limita a Centroamérica: PDVSA también ha firmado acuerdos de exploración binacional con empresas estatales sudamericanas, como ENARSA, y ha colaborado con conocimiento técnico en países como Bolivia y Paraguay [Dobrusin].  

      Petrobras, en cambio, desde sus inicios en la época de Getulio Vargas, y como consecuencia de la campaña O Petróleo e Nosso mantiene como prioridad garantizar producción al mercado interno brasilero, históricamente importador de combustibles. Este objetivo es central en la política económica de Brasil independientemente de los gobiernos de turno. Petrobras está parcialmente privatizada: el Estado brasilero conserva la mayoría de las acciones que autorizan a votar pero no las acciones totales, cuando se incluyen a aquellas sin derecho a voto. Es decir, más de la mitad de las ganancias de Petrobras no van hacia el estado sino a accionistas privados [Dobrusin]. En cuanto a la política externa de la empresa, hacia mediados de los noventa el objetivo era garantizar reservas propias. Una vez logrado esto, Petrobras intentó posicionarse como una de las grandes petroleras mundiales: en América Latina se instaló mediante la compra de empresas ya existentes. Este fue el caso en Argentina de la compra de EG3 (en el 2000) y Pérez Companc (2002). Sin embargo, la presencia de Petrobras no cambió la estructura de funcionamiento ni el objetivo de esas compañías, que es obtener utilidades. “La salida de Petrobras a la región no está consolidada como una estrategia de relaciones para la integración, sino que tiene más que ver con una estrategia comercial de la empresa” [Dobrusin]. 

      Además de este debate sobre el modelo de empresa petrolera de Estado en que busca transformarse YPF, surgen de manera evidente los primeros escollos en relación a cómo fijar los valores de la empresa. El viceministro de economía, Axel Kicillof, dijo al respecto que no pagará el precio que exige la empresa española y que en la cifra final a pagar se contemplarán “los daños ambientales y la pérdida de productividad”. 

      Por lo tanto, la expropiación es un primer paso en sentido de recuperar soberanía y decisión política sobre nuestro territorio, pero enfrenta nuevos desafíos relacionados con la manera en que deban manejarse los lineamientos políticos hacia el continente americano y hacia el capital privado que continuará siendo accionista de YPF, así como las políticas internas de abastecimiento, control de precios, y las negociaciones para poner un valor a la compra de las acciones de REPSOL.