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Revuelo en Perú por una muerte precoz

  Las dudas sobre quién mató a la niña se suman al anuncio del supuesto rescate de tres niños que en teoría, habían sido secuestrados por la guerrilla, lo cual se demostró que era falso. Las contradicciones de los responsables.

Nota publicada en Pagina 12. Domingo, 16 de septiembre de 2012

Por Carlos Noriega

Desde Lima

Un operativo combinado de fuerzas militares y policiales contra el grupo armado Sendero Luminoso, que concluyó con la muerte de una niña de ocho años y el anuncio del rescate de tres niños supuestamente secuestrados por Sendero, lo que terminó siendo falso, ha puesto en difícil situación al gobierno de Humala. Los cuestionamientos apuntan a los ministros de Defensa, Pedro Cateriano, e Interior, Wilfredo Pedraza. Sus explicaciones sobre lo ocurrido han dejado vacíos, dudas y más de una contradicción. Ante las críticas, el presidente Humala ha asegurado que “el gobierno no oculta nada” y, aunque ha respaldado a sus dos cuestionados ministros, ha dicho que “la lamentable pérdida de una niña debe investigarse y aclararse”.

Hace una semana, el gobierno anunciaba triunfante que en un operativo conjunto de las fuerzas armadas y la policía se había intervenido un “campamento terrorista” de Sendero Luminoso, capturado a dos mujeres senderistas y “rescatado” a tres niños –de 8 años, 4 años y 10 meses– que permanecían “secuestrados” por el grupo armado para “adoctrinarlos” e integrarlos a sus filas. De la niña muerta en ese operativo militar, que se llevó a cabo en el poblado de Ranrapata, una alejada y empobrecida zona rural en la selva alta de la región de Junín, no se dijo nada.

Las dos mujeres capturadas y los tres niños, hijos de una de las dos detenidas, fueron trasladados a Lima. En la puerta del avión esperaban la primera dama, Nadine Heredia, quien tiene un rol protagónico en el gobierno de su esposo, y la ministra de la Mujer, Ana Jara, quienes aparecieron ante las cámaras de la televisión cargando, con gesto maternal, a los niños supuestamente “rescatados”. Hasta ese momento todo iba bien para el gobierno, pero en pocos días las cosas cambiaron.

La muerte de la niña, Soraida Caso, que las autoridades habían ocultado, se conoció cuando fue denunciada por su padre, el campesino César Caso, quien acusó a las fuerzas de seguridad de haberla matado. Pero las complicaciones para el gobierno no terminaron ahí. Cuando crecía el escándalo por la muerte de la niña, se desmoronó la versión oficial de que los tres niños detenidos por los militares en Ranrapata –que son hermanos por parte de padre de la niña fallecida– habían estado secuestrados por Sendero, como había anunciado el gobierno en tono triunfante. César Caso reclamó públicamente por su hija muerta y exigió el regreso de sus tres hijos detenidos en el operativo militar. El gobierno ha respondido a los reclamos del padre de los niños acusándolo de senderista. Caso niega cualquier vínculo con Sendero, pero el gobierno ha mostrado una antigua orden de captura por terrorismo en su contra.

El ministro Cateriano intentó justificar el ocultamiento de la muerte de la niña asegurando que nadie se dio cuenta de su fallecimiento. El argumento resultó poco convincente. En un comunicado las fuerzas armadas aseguraron, como para darle cobertura legal a lo ocurrido en el cuestionado operativo militar, que en el mismo había participado un fiscal, pero la fiscalía desmintió eso y el gobierno tuvo que aceptar que no hubo un fiscal.

El ministro de Defensa dijo que el objetivo del operativo militar era un campamento de Sendero, pero que por culpa de un perro, que ladró alertando a los senderistas, el operativo falló. Se produjo, entonces, según el ministro, un enfrentamiento armado cuando un hombre, que las autoridades identifican como el senderista llamado camarada “Oscar”, disparó contra las fuerzas de seguridad desde la casa de la familia Caso. La versión oficial es que en medio de ese enfrentamiento murió la niña Soraida. El gobierno culpa a Sendero por la muerte de la niña, pero el padre de ésta y testigos de lo ocurrido aseguran que murió por los disparos de las fuerzas de seguridad.

Aquilina Paucarcaja, de 28 años, esposa de César Caso, quien fue detenida junto a sus tres hijos, declaró ante la fiscalía, antes de ser liberada, que el día del operativo, muy temprano en la mañana, llegó a su casa un “hombre desconocido”, quien sería el camarada “Oscar”, y que poco después comenzaron los disparos. Asegura que “Oscar” logró huir mientras los militares disparaban. Aquilina dice que ella se escondió en su casa con sus tres hijos y que su esposo, que estaba en la puerta al momento que se inició el tiroteo, corrió hacia su chacra, seguido por su hija Soraida. Relata que los militares entraron violentamente en su casa, la detuvieron a ella y a sus tres hijos, los subieron a un avión y los llevaron a Lima. Aquilina fue acusada por el gobierno de ser militante de Sendero, pero la fiscalía determinó que la mujer no tiene ninguna relación con el senderismo y fue liberada. La otra mujer detenida en el operativo militar, identificada como la camarada “Amalia”, de 20 años, permanece detenida por la policía antiterrorista.

La suerte de los ministros de Defensa y del Interior es incierta. Parlamentarios de diversas bancadas han exigido la salida de ambos ministros y en el Congreso gana fuerza la posibilidad de pedir su censura. Por su parte, la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación para determinar la “responsabilidad funcional” de los ministros.