Informe

   

   Ocho años atrás comenzó a construirse un plan de viviendas llamado Dignidad que debía finalizarse en el término de un año y medio. Aún hoy faltan construir las últimas viviendas. Qué pasó y cuáles son los actores en juego. 

   Mayo de 2004. El entonces intendente municipal de Mar del Plata, Daniel Katz, firmaba un decreto en el que promulgaba la ordenanza según la cual se convalidaba “el Convenio “Porgrama Bonaerense IX- Dignidad” suscripto entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, La Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y la entidad No Gubernamental Asociación Civil “Trabajar” para la construcción de un conjunto de quinientas viviendas”. 

   El plan sería destinado a la erradicación de la Villa de Paso. El plazo de obra fue de 18 meses. El monto inicial aportado por la provincia para la construcción fue de $19.914.220.22. Luego hubo una asistencia financiera, aprobada por el cuerpo deliberativo y el ejecutivo municipal, y materializada por la provincia, de $11.854.801,49. Además, según denuncia el abogado Andrés Barbieri, habría habido un aporte de nación de $32.406.862.

   Agosto de 2012. Pasados los 98 meses aún quedan por terminar y adjudicar 94 viviendas. Tanto desde la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad, como desde el Instituto Provincial de la Vivienda, se adjudica la demora a la falta de flujo financiero ¿Puede ser ésta la única explicación para un retraso de ocho años en la construcción?

   
   Un poco de historia

   Funcionarios municipales de la ciudad de Mar del Plata, junto con vecinos de la Villa de Paso, habían comenzado en 1997 un trabajo urbano y social con la finalidad de erradicar las familias que se encontraban viviendo en la villa. Según la titular del área de Promoción Social de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Graciela Crespo “el proyecto fue creado atendiendo dos cuestiones: por un lado recuperar el valor y la ubicación estratégica de esas tierras para convertirlas en un factor integrador a nivel urbano, y por otro lado, atender una situación habitacional muy crítica de toda esa gente”.

   Fue así que se comenzaron las diferentes gestiones: realizaron un relevamiento de las familias que vivían allí, averiguaron quienes eran propietarios de los terrenos y gestionaron ante el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires la expropiación de las tierras. Con todo esto, el trabajo previo a la “mudanza” estaba en trámite. Lo que faltaba era la posibilidad material concreta para comenzar el traslado, entiéndase las tierras y el financiamiento para la construcción.

   Por esos años la provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda, lanzó un programa de viviendas sociales que sería destinado, entre otras localidades, a la ciudad de Mar del Plata. Los vecinos que venían trabajando para el traslado veían en el “Plan Dignidad” la posibilidad de hacer efectivo su proyecto. Es así que gestionaron ante el municipio que la operatoria sea utilizada para erradicar la villa. 

   El plan de viviendas fue armado de manera tal que el proyecto sería trabajado en conjunto por tres actores. El Municipio, la provincia a través del Instituto de la Vivienda (IPV), y una organización no gubernamental que se encargaría de la construcción. En Mar del Plata, esa ONG fue la Asociación Civil Trabajar, una figura a cargo de los dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que a su vez contrató cuatro empresas constructoras para realizar las obras.

   El acuerdo fue que el Municipio cedía las tierras y prestaba el apoyo logístico, técnico y organizativo, comprometiéndose a facilitar las gestiones necesarias en su jurisdicción; la provincia a través del Instituto financiaba el emprendimiento y realizaba los controles técnicos (puesto que se otorga un monto inicial y luego se transfieren fondos a medida que se certifica el avance de obra); y la entidad intermedia se hacía cargo de la construcción de las viviendas. 

   Factor atraso

   El municipio no contaba con un terreno en donde pudieran construirse las quinientas viviendas en su totalidad, motivo por el cual fueron distribuidas en un principio en tres barrios, que luego resultaron siendo cuatro: Las Heras, Don Emilio, El Martillo y Belisario Roldán. Aquí se presenta un primer problema: esos barrios, que se ubican en las periferias de la ciudad, no contaban con los servicios básicos contemplados en el plan. Fue necesario entonces extender las redes de luz, agua y gas, además de comprobar la factibilidad hidráulica de las zonas seleccionadas. Por otro lado, las instituciones educativas y de salud no daban a basto para alcanzar la población que se incorporaba a los barrios, siendo éste otro problema a solucionar.

   Sin embargo, estos no son las principales dificultades mencionadas tanto por el municipio, como por la provincia, cuando son consultados sobre el atraso de las obras.

   Por su parte Crespo sostiene que se debe al flujo financiero y a las demoras en la remisión de los fondos en el pago a la constructora “si hubiera un flujo de financiamiento constante la obra no se para. Pero la empresa constructora sostiene el avance de obra hasta donde puede, llega un momento que con recursos propios no puede seguir construyendo, necesita la remisión de cuentas de provincia para poder continuar.” 

   A su vez, el delegado del Instituto de la Vivienda del partido de General Pueyrredón, Manuel Torres Cano, pone el énfasis en que el financiamiento no alcanza para cubrir la demanda habitacional. Consultado sobre los motivos del retraso en la obra respondió: “Flujo de fondos, como en todos los casos. Se están haciendo viviendas de interés social, si me preguntás ¿La suficiente? Yo diría lentamente, demasiado lentamente, sí.” 

   A su vez, ante la consulta de cuál es el recorrido que realiza el dinero desde que es aportado por la provincia hasta que la vivienda se encuentra ya finalizada, Torres Cano aclaró que “no es el fondo, es la masa de fondos afectados. La provincia tiene quince millones de habitantes, tiene un déficit habitacional muy grande, hay políticas habitacionales nacionales, provinciales y otras que maneja el municipio. Se están haciendo viviendas, muchas más que una década antes, pero el déficit acumulado es muy grande”. Con este argumento pretendió negar todo lugar a duda de que esos fondos hubieran podido ser desviados, tanto como por el Estado como por la Asociación Civil intermediaria. 

La respuesta parece no alcanzar, al menos para el concejal Hernán Alcolea, que a su vez fue uno de los miembros de la Comisión Mixta por el Traslado de la Villa de Paso. Cuando el funcionario pretendió dar una respuesta a la demora en las construcciones de las viviendas, que ya lleva más de siete años de los planeado, dejó abierta una duda: “La ONG Trabajar, que está regenteada por la misma gente que maneja el sindicato de la UOCRA,  abrieron en su momento ocho cuentas en el banco, una para cada una de las empresas que ellos mismos habían elegido para construir las casas. Ahora… ¿Qué es lo que pasó en el medio? y ahí tendría que dar una explicación la gente del Instituto Provincial de la Vivienda, o la gente de esta ONG. Porque  las empresas se quejaban del dinero que no llegaba, el IPV decía que tenía todo al día, que a medida que las empresas iban cumpliendo les bajaban el dinero a la ONG. No sé si la ONG se quedó con el dinero, si yo supiera o tuviera pruebas de algo haría la denuncia, pero frente a la falta de pruebas yo no puedo salir a denunciar”.

   Sin embargo, en cuanto a la búsqueda de pruebas o argumentos Alcolea aclaró: “yo he pedido por una ordenanza el año pasado al ejecutivo municipal que pidiera una auditoría completa de todo el plan, para saber exactamente cuánta plata bajó finalmente a través del IPV. Por supuesto, la ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante, jamás tuve una respuesta”. 

   
   La falta de pruebas

   La única denuncia judicial que hoy está en trámite fue hecha por el abogado Andrés Barbieri, quien en un principio había trabajado para la UOCRA y fue quien diseñó los pliegos y contratos para la realización del "Plan Dignidad" en la ciudad. 

   Como dijimos, la Asociación Civil Trabajar es creada por los dirigentes de la UOCRA local, bajo la firma de Cesar Trujillo, con la finalidad de poder presentarse como la ONG intermedia que el Plan Dignidad había estipulado en la confección de la operatoria. Según Barbieri “la ONG era un sello goma, nunca funcionó como tal, no tenía ni domicilio legal. Concretamente lo que hizo el Estado es (como no se lo podía asignar directamente a la UOCRA porque no era para sindicatos, y porque además ellos no aparecían avalados por las autoridades máximas del sindicato, en función de la irregularidad que se habían mandado con el plan de viviendas en Miramar) optar por la tercerización a través de esta ONG que armaron exclusivamente para este emprendimiento”. 
   “¿Cómo terminó todo esto?” se pregunta a sí mismo Barbieri, “en principio el Estado había asignado 20 millones de pesos, no alcanzaron, después vino financiamiento del Plan Federal de Viviendas, o sea, de la Secretaría de Vivienda de la Nación, y al día de hoy creo que les está faltando el 30% de las viviendas por construir. En cuanto a la calidad de construcción tengo entendido que hubo bastantes cuestionamientos, y en cuanto a las empresas que llevaron adelante concretamente la construcción de las viviendas, digamos… los antecedentes de estas empresas, o las calificaciones de estas empresas como empresas constructoras… había una que era empresa de contenedores y de destape de cañerías, era MF S.A.,  y de la noche a la mañana salió siendo empresa constructora”.

   En la denuncia el abogado responsabiliza por un lado a la ACT, por haber recibido más de 50 millones de pesos y no haber finalizado las obras, por otro, a los funcionarios provinciales y nacionales “que no auditaron, no controlaron, no supervisaron, que no dispusieron que los fondos asignados por el Estado sean efectivamente aplicados a la construcción de las obras”. 

   Sin embargo, la causa aún pasea por las manos de abogados, fiscales y tribunales y no ha llegado a una sentencia firme. Es que, cuando el juez estaba por disponer el procesamiento, el abogado de los hermanos Trujillo, responsables de la firma, pidió la nulidad de todo lo actuado con el argumento de que como Barbieri había obtenido la información trabajando como abogado para la empresa, con la denuncia estaba violando el secreto profesional. Ese argumento fue apelado por el fiscal de la causa en la Camara de Casación Penal, y aún espera una respuesta. 

   
   Que 98 meses no son nada…

   Mientras que desde el Instituto de la Vivienda dicen que los fondos no alcanzan para la demanda habitacional de la provincia, la Municipalidad no responde al pedido (por medio de una ordenanza) de la información sobre los gastos afectados para las obras hasta el día de la fecha, y la ONG no responde. Aún quedan, luego de ocho años, 94 familias que esperan ser trasladadas a una vivienda digna. 

   Cabe destacar que, según los técnicos de la Asociación Civil Hábitat y Vida (Achiv), acompañado de la voz de los vecinos, las viviendas entregadas no fueron construidas de la manera adecuada ni con el material pertinente. Según uno de los integrantes de la asociación, Jorge Ruggiero, “hay carencias concretas en lo técnico. Se hace la submuración con ladrillo hueco en vez de con ladrillo común, con lo cual el ladrillo se parte; no se hace o se hace mal la capa aisladora, entonces sube el agua; en vez de hacer contrapiso de cascote se hace un contrapiso mas finito y de hormigón y esto ayuda a que haya condensación. Digamos hay cosas mal hechas que cualquiera que sepa algo de construcción sabe que están mal”.

   Por su parte, la Asociación Civil Trabajar, publicó en diciembre del 2001 una nota en internet firmada por su presidente, Cesar Trujillo. Se titula “Breve reseña: Programa Dignidad- entidad intermedia Asociación Civil Trabajar”, allí apunta que “en el tiempo transcurrido y superando todas las dificultades que son propias de estos emprendimientos: Des-fasaje de precios; Cambios de gobierno; Usurpación de unidades; Demoras en disponibilidad de los terrenos; Faltante de materiales, condiciones climáticas adversas, etc.- Arribamos a finales de este 2011 concretando la casi totalidad de las unidades comprometidas, entregadas en perfecto estado de habitabilidad y con su in-fraestructura de servicios completa y en funcionamiento”.
   Además, Trujillo deja en el texto un mensaje conmovedor para las familias adjudicatarias de las viviendas: “Sólo podemos agregar que, para nosotros, es imposible explicar la sensación que nos invade cada vez que estrechamos la mano o recibimos el abrazo de uno de los adjudicatarios de estas viviendas. Pero sí estamos seguros que ese sentimiento es suficiente pago por todo lo que pudo significar nuestro esfuerzo. Gracias a todos los que participaron del emprendimiento y ojalá que podamos continuar en la misma senda”.