Acción Jurídica

   Sin duda que, a mediados de los ’70, se pudo ver en la Argentina el momento de mayor avance en cuanto al desarrollo de una alternativa popular y revolucionaria en el país. Dicho periodo que puede rastrear sus orígenes en los primeros “caños” de la resistencia peronista, que iba a explotar en puebladas históricas como el Cordobazo de 1969, y llegara a su punto mas álgido con el
desarrollo de las organizaciones armadas y las Coordinadoras Interfabriles, va a ser el período en el cual se va a destacar la figura de Rodolfo Ortega Peña.
   El 31 de julio de 1974, una patota de la Triple A, lo asesinó a balazos en pleno centro porteño, marcando un punto de inflexión en cuanto a la profundización de la represión tanto desde fuerzas estatales como paramilitares. El asesinato en pleno centro de un Diputado de la Nación demostraba que se abría un periodo de feroz represión a todo aquel que no se cuadrara ante el orden vigente.
   Precisamente, es con dirigentes de la Resistencia Peronista con los que Ortega Peña inicia su actividad como abogado ligado a las luchas sociales. Junto a su inseparable compañero, Luis Eduardo Duhalde, comenzarán sus tareas alrededor de la UOM liderada por Vandor, de quien por sus posiciones burocráticas y de enfrentamiento a la figura central de Perón se irán alejando en forma paulatina. Previo a la ruptura, los dos abogados pudieron prefigurar su actividad posterior con un fuerte trabajo de denuncia por la desaparición de Felipe Vallese, joven militante de la resistencia que sería uno de los primeros casos de desapariciones en nuestro país.
   El desarrollo de las luchas y la claudicación de varios de los dirigentes de la resistencia peronista, los irá a acercando cada vez más a las posiciones combativas que tendrán un punto de referencia en la conformación de la CGT de los Argentinos y que se verá potenciada por experiencias de lucha callejera exitosa como se dio en el Cordobazo en 1969.
   El carácter explosivo de estas puebladas dará aire al accionar de numerosos organizaciones político militares que muy pronto iban a empezar a tener sus primeros caídos y se verían en la necesidad de contar con defensas legales confiables no solo desde un punto de vista jurídico sino sobre todo político.      Así, la dupla Ortega Peña y Duhalde va a figurar entre los principales defensores de los primeros procesados por acciones político militares como en el caso de los acusados por el ajusticiamiento de Aramburu y la toma de La Calera, en las dos acciones que dieron nacimiento a la organización Montoneros. También por esta época se harán cargo de la denuncia por la desaparición del abogado Martins y su cliente Zenteno, cuyos cuerpos nunca más aparecerían. Más tarde tomarían la defensa de los compañeros del PRT acusados por el secuestro y muerte de Oberdan Sallustro, empresario de la FIAT.
   Desde estas experiencias, se arraiga un criterio de defensa política de no preguntar por los hechos ni por la pertenencia política de los acusados, asumiendo la defensa de todos los perseguidos políticos sin discriminación. A su vez, comienzan a perfilarse distintos matices en cuanto a la defensa en juicio distinguiendo entre juicios de ruptura y juicios de connivencia. Los primeros apuntaban a cuestionar a la justicia como parte del sistema opresor pasando los acusados a ser acusadores de un aparato judicial funcional a los mecanismos represivos. Obviamente, esta estrategia se usaba cuando los compañeros quedaban muy “escrachados” y eran pocas las posibilidades de defensa técnica. Reconocía sus antecedentes en el discurso de Fidel “La historia me absolverá” con motivo de su detención luego del ataque al Cuartel de Moncada y en los procesos seguidos a los combatientes del FLN en la lucha por la independencia argelina. Para los casos donde la participación en los hechos podía ser más “dudosa” en función de las pruebas existentes, primaba el criterio de buscar las penas menos gravosas para los detenidos usando todas las técnicas posibles, incluyendo el soborno a los funcionarios permeables o al aporte a los intentos de fuga de los compañeros.
   Esta diferencia de estrategia se consensuaba previamente con sus defendidos y las organizaciones políticas a las que pertenecían, dando un nivel de confianza y acercamiento con éstas que excedía por lejos la mera defensa técnica y jurídica. No se trataba de los clásicos defensores de tribunales, a tal punto que muchas veces eran estos abogados los que mantenían la comunicación entre los presos y sus organizaciones, entrando y sacando los “caramelos”, que eran los mensajes camuflados en pequeños envoltorios con que los presos esquivaban su aislamiento. Se dice que fue Ortega Peña, quien sacó al exterior las críticas que iban servir de base para el llamado Documento Verde, manifiesto de la Columna Sabino Navarro, producto de la escisión de algunos de los primeros caídos por la toma de La Calera, donde se cuestionaba el militarismo de los Montoneros. Con estas posiciones se reforzaba la idea de que antes que abogados eran compañeros y que sus criterios iban a quedar enmarcados por sus posicionamientos políticos y no por la supuesta neutralidad con que la Facultad apunta a formar a los abogados.
   Desde estas experiencias como defensores de presos políticos es que empieza a enmarcarse otra visión acerca del rol de los abogados dando lugar a la conformación en agosto de 1971 de la Asociación Gremial de Abogados, como nucleamiento profesional al servicio de las luchas populares, en clara oposición a los Colegios de Abogados tradicionales que detrás de su supuesta
neutralidad y profesionalismo terminaban siendo legitimadores de los distintos gobiernos de turno y haciendo de la profesión algo mutable y asimilable según los cambios de coyuntura. Dicha Gremial llego a contar con unos 300 abogados con el saldo trágico de que la mitad de ellos engrosan las
listas de los asesinados y desaparecidos por la represión en nuestro país.
Este cuestionamiento al modo de formación de los abogados, se iba a ver potenciado con el ingreso de Ortega Peña y Duhalde domo docentes en la Facultad de Derecho de la mano del nuevo rector interventor de la UBA Rodolfo Puiggrós, durante la breve primavera camporista. Desde allí, impulsaron la conformación de las llamadas Cátedras Nacionales, en un intento de aportar al estudio del Derecho desde una perspectiva histórica y política, ubicando la normativa vigente como expresión de determinadas coyunturas y correlación de fuerzas en contraposición a la simple memorización ahistórica de la normativa legal, como modelo de la formación jurídica imperante. A los clásicos del pensamiento filosófico y jurídico dominante (Kant, Hegel, Kelsen), se le agregaba una segunda parte ligada al pensamiento marxista y una tercera que apuntaba a difundir el pensamiento nacional y latinoamericanista de Hernandez Arregui, Cooke, Scalabrini Ortiz y demás teóricos latinoamericanos que no tenían cabida hasta entonces en las facultades del país. Las fuertes críticas hacia el viraje derechista del gobierno de Perón y el crecimiento de los sectores más conservadores generó fuertes presiones para forzar su alejamiento quedando trunca una de las experiencias de mayor cuestionamiento al modo de formación académica tradicional.
   Esta critica permanente al carácter funcional y mediocre de la abogacía se vio complementada con una serie de trabajos históricos que enmarcados en el llamado Revisionismo Histórico apuntaba a rescatar a personajes ninguneados y silenciados por la historiografía mitrista. De allí surge el rescate de figuras populares bastardeadas como Felipe Varela o Facundo Quiroga, o dando luz a hechos históricos encubiertos como el caso de los negociados con la Baring Brothes inglesa, que abre el ciclo de endeudamiento externo de nuestro país.
   Con el triunfo de Cámpora y la liberación de todos los presos políticos, deciden dar por cerrada la etapa de resistencia planteando la necesidad de reconocer el cambio de etapa abierto pasando de la resistencia a la construcción de la alternativa política socialista. Así, es que fundan la revista Mlitancia, que va a cumplir un rol permanente de denuncia al rumbo derechista que iba a tomar el gobierno con la renuncia de Cámpora y el enquistamiento de los sectores derechistas en las estructuras de poder promovido por Perón de la mano de Lopez Rega y sus AAA, aliado a lo mas burocrático del sindicalismo peronista. Dicha revista era sostenida gracias al aporte fundamental del PRT y de las FAP y se enmarcaba en los sectores mas combativos del movimiento peronista que apuntaba a una profundización del rumbo a seguir y comenzaba a desconfiar de las limitaciones de Perón como líder revolucionario. A su vez, era un punto de acercamiento entre las organizaciones del peronismo más combativo como las FAP y sectores guevaristas como el PRT.
   Ortega Peña fue el único diputado que había asumido desde la Tendencia Peronista, que no renunció cuando el gobierno peronista decidió endurecer el Código Penal para favorecer la represión de las organizaciones político militares. Ya desde su juramento marcó diferencias al decir “Que la sangre derramada no será negociada”. Desde allí, con su bloque unipersonal fue una
permanente fuente de denuncias que acompañada con los dardos que lanzaba desde los editoriales y secciones de Militancia. Gracias a su trayectoria y a su creciente influencia política en los sectores más combativos su nombre se ganó un lugar en la lista de los enemigos a eliminar que ya venía elaborando la represión.
   Ya había sido advertido de que se lo tenia en la mira y el solía contestar con “que la muerte no duele”, desalentando las medidas de seguridad y custodias que le ofrecían las organizaciones amigas prefiriendo “cuidarse” solamente con la pistola que siempre llevaba consigo. No pudo tirar ni un solo tiro cuando los cobardes matones de la triple AAA lo balearon por la espalda.
   Hace una semana se cumplió un nuevo aniversario de su caída y aun hoy su ejemplo sigue demostrando que es posible pensar a la abogacía desde otro lugar. Su reivindicación y el aprendizaje de sus luchas alumbra a toda una nueva generación de abogados jóvenes que ve en la forma en que esos compañeros concibieron a la profesión como una guía para aportar a las luchas
de nuestro pueblo. Cada vez son más las agrupaciones y frentes que en las distintas facultades de Derecho toman su nombre como bandera.
   Para cerrar a modo de homenaje van transcriptas las palabras con las que su amigo y compañero Eduardo Luis Duhalde lo despidió en el cementerio: “En mi despedida no hay llanto porque en otras despedidas aprendimos cómo se saluda a los soldados del pueblo que caen. Vivió y murió para que la clase obrera y el pueblo forjaran desde el poder una nueva sociedad con hombres nuevos donde desaparecieran los explotadores y explotados.
   Por eso, porque morir por el pueblo es vivir, en esta hora de apretar los puños y de tristezas, reafirmamos aquel juramento: La sangre derramada por Ortega no será negociada. Y decimos simplemente, como a él le hubiera gustado: Ha muerto un revolucionario, ¡Viva la Revolución!”