Opinión

LA CIUDAD DE LA FURIA

                                                                   Por Damián Ferreyra

   El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el intendente de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, mantuvieron una reunión este jueves 14 de junio, donde abordaron una agenda dedicada a la cuestión de la seguridad, que incluyó la designación de un nuevo jefe distrital de la Policía, el refuerzo de efectivos y la inauguración de la escuela de Policía descentralizada. Estos cambios obedecen a un plan más amplio, donde el Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense decidió pasar a retiro a más de 200 oficiales de la Policía provincial, entre ellos a siete jefes departamentales.

   En Mar del Plata, la designación del comisario Ramón Negretti como nuevo jefe departamental tuvo, en respuesta, el asesinato de Maximiliano Villarruel, un pibe de 19 años que recibió dos tiros por la espalda (uno en la nuca, el otro en la cabeza) de parte de la policía bonaerense. Sin embargo, las preocupaciones de la población portuaria giran en torno al asesinato de un remisero, y está lejos de indignarse por casos de gatillo fácil. Para el diario El Atlántico fue un “confuso episodio”, mientras que La Capital de Aldrey Iglesias relató que “Villarroel era un peligroso delincuente, poseedor de un prontuario que incluía varios hechos y sobre el que pesaba un pedido de captura por dos asesinatos ocurridos a principios de mayo en la Villa Gascón”. El policía acusado de homicidio se negó a declarar, y casi al mismo tiempo que se trataba de escrachar la comisaría décimosexta de Mar del Plata, hubo una manifestación de los familiares y amigos del policía en el tribunal de la ciudad. Por su parte, la policía local asegura (ridículamente) que el disparo provino de la propia villa.

   Ramón Negretti ocupa desde hace pocas horas (y nadie sabe hasta cuándo) el cargo que desempeñó, hasta su llegada, el comisario mayor Fabián Perroni, quien a su vez había asumido pocos meses atrás desplazando al comisario inspector Lorenzo Velázquez. Tres jefes distritales en menos de un año, como resultado de un juego de poder que se teje entre las internas de una policía plagada de asesinatos en los barrios; las tensiones entre el Ministro de Seguridad Ricardo Casal y el vicegobernador de la provincia Gabriel Mariotto; el tratamiento del tema por parte de los medios hegemónicos; y la visión que ha construido la sociedad argentina alrededor de la inseguridad y la defensa de la propiedad, con un fuerte acento de discriminación y condena hacia los sectores más pobres.

   La cuestión de la seguridad, tan presente en el discurso político actual y en las preocupaciones de nuestra sociedad, había sido tratada en una nota de TLV (“Atrapados en libertad”, TLV n° 8) que tomaba como punto de partida las manifestaciones de la derecha, los cacerolazos de Cecilia Pando y las arremetidas destituyentes de Biolcatti en el Congreso. Sobre esta cara política de la derecha argentina se sostuvo que, en general, era un grupo minoritario que no contaba hoy con el consenso necesario para gobernar ni para fijar temas en la agenda política. Sin embargo, la escalada represiva que se comienza a sentir en los sectores más desfavorecidos está acompañada por un sentimiento general acerca de cómo se están planteando, a nivel social, las soluciones al grave problema de la pobreza dura en nuestro país, y en defensa de la propiedad privada.

   Es preocupante observar que existe un enorme consenso hacia el asesinato de los pibes pobres, con total descaro y brutalidad, donde luego se argumenta con el prontuario delictivo del asesinado como si eso alcanzara para ejecutar la pena de muerte (en un país que, dicho sea de paso, no cuenta con esa modalidad como parte de su universo jurídico). El gatillo fácil se convierte hoy en la herramienta más efectiva que ha encontrado la sociedad para resolver la cuestión de la inseguridad. Como lo expresa la fórmula de Eduardo Feinman, lanzada en uno de sus programas televisivos, “uno menos”. Y este resulta el mismo discurso que hoy se puede recoger de redes sociales como Facebook, o en foros donde se discute el tema, como el espacio de la Correpi (coordinadora contra la represión policial e institucional). Allí se realizan comentarios que funcionan como índice de lo que gran parte de la clase media está construyendo como pensamiento hegemónico. El discurso comienza a hacerse homogéneo. La solución a la pobreza se explicita cada vez un poco más: hay que matar al pobre, y después preguntar quién era.

   El caso de Echecopar es aleccionador. La operatoria se sitúa en el fusilamiento, pues ya no se trata de evitar un robo sino de eliminar físicamente a la representación de la pobreza, consecuencia que se convierte en su propia causa. Pero hay algo que ya nadie podrá discutir: estos pibes de los barrios más pobres, que viven realidades muy parecidas en puntos tan disímiles de la Argentina, ya tienen dónde caerse muertos.

   Esta visión se construye desde el poder político, desde los medios, y desde los sectores más variados de la sociedad civil. En esta complicidad está la clave del accionar impune de la policía: el viento trae el olor a podrido de épocas pasadas, cuando “el sentido común impuesto por la dictadura militar en los setenta fue avalado por un sector importante de la sociedad civil, que justificó y fue cómplice del genocidio” (Atrapados en libertad, TLV n°8). Hoy, el desafío de construir una mirada nueva acerca de la equidad para toda la población está siendo fuertemente sesgado, y se corren peligros ya conocidos por todos nosotros, aunque aún no hemos generado los antídotos necesarios para que la sociedad no caiga en las recetas patológicas de políticos y periodistas trasnochados.