(con sus idas y venidas)
Por Patricio Funes*
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| Foto: Polaco |
Mi cerebro se comienza a despertar luego de unos cuantos sorbos de café, mientras trato de cerrar la idea.¿Qué escribir?¿Cómo hacer aunque más no sea un pequeño aporte a Tumba la Valla?
Nos habían propuesto, tal vez por conocer nuestro trabajo dentro de la unidad N° 15 de Batán, en el aula Universitaria que funciona allí dentro; o por el tiempo que venimos analizando, denunciando y accionando contra la violencia institucional de estado, que escribiésemos un análisis sobre la situación actual de las cárceles de la Pcia. deBs. As, sobre el rol del Servicio Penitenciario Bonaerense, y su relación con organismos del estado, como la Secretaría de Derechos Humanos o el Ministerio de Justicia.
Tamaña empresa pensé, pero enseguida me entusiasmó la idea.
Inmediatamente comprendí la importancia de participar de esta herramienta comunicacional, la necesidad de tumbar esa valla impuesta muchas veces por los grandes medios de comunicación a este tipo de información, como así también la oportunidad de generar desde nuestras organizaciones y espacios de participación política las herramientas comunicacionales que nos permitan decir, proponer nuestras políticas e iniciativas con vocación trasformadora en cada una de los lugares donde militamos.
Quienes lean estas líneas podrán comprobar que no estamos frente a un problema nuevo, ni tampoco desconocido (al menos para una gran parte de la población de la Prov. de Buenos Aires) ni por funcionarios judiciales, del Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo, periodistas etc. Por supuesto que hay quienes desconocen o que saben y miran para otro lado respecto del terrible estado y precariedad de las cárceles bonaerenses, de la falta de asistencia médica, y la situación de hacinamiento, torturas, malos tratos y privaciones estructurales de derechos fundamentales que sufren las miles de personas que hoy día se encuentran privadas de su libertad en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
En estos lugares de encierro, la violencia extrema es estructural y está relacionada directamente con la acción u omisión del Servicio Penitenciario Bonaerense. Muchas veces el personal del S.P.B es el amo y señor de las personas encerradas a su disposición, decide quién estudia, quién trabaja, y aplica el castigo de diversos modos sobre las personas. También decide quién vive y quién muere dentro de los penales.
Basta con leer los informes anuales presentados desde hace 6 años por la Comisión por la Memoria, a través de su Comité contra la Tortura, sobre la violación de los derechos humanos que sufren las personas detenidas en el territorio de la Provincia de Bs. As., los cuales se elaboran a partir de la sistematización de estudios, evaluaciones e inspecciones en los penales, comisarías e institutos de menores, de denuncias recibidas por allegados de los internos o incluso por las mismas víctimas, en los cuales se puede comprobar que las cifras de muertes aumentan o mantienen los porcentajes anteriores pero nunca disminuyen. Sin ir más lejos, este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al conceder una medida cautelar solicitada por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Comisión Provincial por la Memoria luego del asesinato a golpes del interno Patricio Barros Cisneros, responsabilizó al Estado Nacional por la integridad y la vida de las personas privadas de su libertad en el Complejo Conurbano Norte donde ocurrió el episodio que terminó con la vida del interno. En dicha resolución, el CELS denuncio que “Los homicidios en unidades penitenciarias provinciales aumentaron casi un 20 por ciento durante el último año”.
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| Foto: Olmo Calvo Rodríguez |
Ante esta coyuntura planteada sería importante poner en debate la función de las cárceles. Problematizar entonces tanto la función legalmente declarada así como las consecuencias reales de la pena privativa de libertad. Rechazar como sociedad también las políticas de seguridad basadas en el discurso de la "inseguridad" que en pocos años logró que se multiplicaran la cantidad de cárceles (53 penales en toda la provincia de Bs. As.) en pos de una política atada a ese discurso de demagogia punitiva, mientras las comisarías, cárceles e institutos de menores se colman con los mismos de siempre.
Por otro lado, la gestión de Daniel Scioli luego de ciertos cambios introducidos por el ex Ministro de Seguridad, León Arslanian (que aspiraba a un control político de la institución policial) volvió a las lógicas de centralización del poder, restituyendo la figura del jefe policial, y reformó el estatuto policial, formalizando el retorno a una estructura centralizada de comisarios. El resultado de esa política, como era de esperar, fue el uso cada vez más extendido de prácticas policiales arbitrarias, detenciones por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas, ejecuciones policiales, casos de corrupción policial, hasta la desaparición forzada de personas, como Luciano Arruga, de 17 años, quien fue visto por última vez en una comisaría de Lomas del Mirador, cuando se negó a ser mano de obra para el delito (luego del pedido de agentes de las fuerzas de seguridad).
Aunque no es un tema fácil para charlar en ningún lado, y no existen formulas mágicas, no podemos mirar para otro lado sobre lo que ocurre en las catacumbas del sistema. Sabemos que la tortura, el hacinamiento, la falta de acceso a la justicia y la corrupción no nacen exclusivamente de las prácticas llevadas a cabo por el personal del Servicio Penitenciario, sino que es consecuencia de un sistema que viene de larga data. Y que la violencia intramuros y la que ocurre en las calles tiene una relación directa y proporcional, ya que el adentro y el afuera no es posible pensarlos como compartimientos estancos de la sociedad, sino que interactúan entre sí potenciando la violencia final de cara a los habitantes de la provincia.
Quienes hace tiempo caminamos por los largos y fríos pasillos de la unidad penitenciaria (como así también hemos caminado los pasillos de universidades y edificios judiciales) trabajamos, militamos, proponemos y sostenemos espacios de estudio y discusión, generando talleres, instancias y construcciones políticas que disputen esos espacios, haciendo visible lo invisible, e intentando hacer correr la voz de quienes están privados de su libertad. Buscamos terminar con el sistema de la crueldad, como lo han llamado desde la Comisión Provincial por la Memoria, y sabemos que el camino será largo y difícil, pero en eso estamos.
*Estudiante de abogacía, militante en La Grieta (Colectivo de Acción Jurídica Popular)
