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17 MUERTOS TRAS LA REPRESIÓN A UNA OCUPACIÓN DE TIERRAS 

Nota publicada en www.marcha.org.ar

El viernes 15 de junio, tras una confrontación iniciada por un violento desalojo, 11 campesinos y seis policías fueron muertos en el distrito paraguayo de Curuguaty. 

   Alrededor de 300 integrantes de la Policía Nacional llegaron el viernes a la mañana a la estancia Morombí para cumplir una orden de desalojo. La estancia es propiedad del político Blas Riquelme, en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, a cerca de 400 km de la capital Asunción. Riquelme es un ex senador del Partido Colorado considerado cercano al ex dictador militar de Paraguay Alfredo Stroessner, muerto en 2006. 

   Según un informe de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, enviado a los tres poderes del Estado el 28 de agosto de 2008, la estancia Morombí fue considerada una tierra malhabida, o sea, usurpada por el ex senador colorado. 

   En el lugar había cerca de 100 familias. Además de los 11 campesinos muertos, y los 6 policías, incluido el comandante de las fuerzas especiales del cuerpo policial que participó en el operativo, por lo menos 80 personas están heridas. 

   El ministro del Interior de Paraguay Carlos Filizzola renunció al cargo el mismo viernes a la noche. "Lo que ocurrió es que al haber una persona armada hubo disparos que lamentablemente impactaron en efectivos policiales", señaló en rueda de prensa el ministro pocas horas después del incidente. "Hubo disparos de parte de ellos, la policía tuvo que responder", agregó Filizzola. 

   En la mañana del sábado 16 de junio, el ex fiscal General del Estado (2005-2011), Candia Amarilla, asumió el lugar de Filizzola. El comandante de la Policía Nacional, Pablino Rojas, también fue destituido por la tragedia en Curuguaty. Lo reemplazará Arnaldo Sanabria. 

   Miguel López Perito, secretario del Gabinete presidencial, aseguró en una conferencia de prensa realizada el 17 de junio que entre los campesinos había infiltrados que portaban armas de guerra. También descartó que los campesinos hayan iniciado el tiroteo. 

Repercusión 

   Innúmerables organizaciones sociales y políticas lamentaron y condenaron lo ocurrido. La activista paraguaya Carla Álvarez Brítez, del grupo Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), afiliado a Vía Campesina, reunida en la Cumbre de los Pueblos en Rio de Janeiro, evento paralelo a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20, afirmó que “la masacre no acabó” y que muchos compañeros en la región están sitiados.   

   La militante también declaró que las autoridades paraguayas están usando lo ocurrido para "justificar" la intervención en otros asentamientos de campesinos sin tierra. 

"Es muy grave, significa la criminalización de la lucha campesina y la lucha por la tierra. El anuncio es mano dura, nos acusan a los campesinos de ser los delincuentes", comentó la activista, que calificó el tiroteo como "la peor masacre" ocurrida en el país. 

   La activista afirmó que "la culpa de la masacre es del modelo del agronegocio impuesto en el país", aunque "la mano ejecutora" es la policía, con la complicidad de las empresas y de los tres poderes. 

   La Coordinadora Nacional de Lucha por la Recuperación de Tierras Malhabidas emitió un comunicado en el cual afirma que la masacre “fue consecuencia de un conflicto de clase histórico en la sociedad paraguaya; producto del sostenimiento por parte de los tres poderes del Estado de un sistema de acumulación y acaparamiento de las tierras en manos de unos pocos”. 

   La coordinadora también rechazó el nombramiento de Candia Amarilla como nuevo Ministro del Interior, quien, en su opinión, llevó a cabo la persecución y criminalización de la lucha social durante su mandato como fiscal general del Estado, “en los operativos montados para la captura y aprehensión de dirigentes, compañeros y compañeras campesinas inocentes bajo la supuesta ‘Lucha contra el EPP [Ejército del Pueblo Paraguayo]’”.   

   Amarilla también es integrante del Partido Colorado que, tradicionalmente, siempre apostó a una política represiva hacia las comunidades campesinas.